ANPE-Madrid rechaza las iniciativas legislativas que proponen su desaparición
ANPE-Madrid rechaza las Proposiciones de Ley presentadas en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Podemos y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos porque su aprobación implicaría la desaparición de los Centros de Educación Especial. La primera los reduce a centros proveedores de servicios y recursos, y establece que todo el alumnado sea escolarizado en centros ordinarios. La segunda no contempla la existencia de CEE y crea, en los centros ordinarios, las llamadas Aulas Abiertas Especializadas.
Ambas propuestas contrastan con el sistema educativo actual, donde el alumnado con necesidades educativas especiales cuenta con dos vías diferenciadas, regidas por los mismos principios de normalización e inclusión: la ordinaria, con apoyos y adaptaciones curriculares, y la especial, en CEE, para quienes requieren una respuesta educativa que no puede ser ofrecida en un centro ordinario. Esto no significa en absoluto ningún tipo de segregación.
Para identificar y valorar las NEE que algunos alumnos presentan de forma temporal o permanente y darles una respuesta eficaz, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los departamentos de Orientación de los centros realizan una evaluación psicopedagógica que, una vez concluida, determinará la escolarización más adecuada, contando con la conformidad de las familias y la propuesta del centro más adecuado: centro ordinario, centro de educación especial, centro ordinario preferente, unidades de educación especial en centros ordinarios, aulas hospitalarias, centros educativos terapéuticos, etc.
Con carácter general, los alumnos cuyas necesidades educativas especiales solo pueden ser atendidas por CEE son aquellos cuyas pruebas psicométricas determinan un cociente intelectual muy bajo y unas habilidades adaptativas, sociales y personales muy afectadas, que requieren un apoyo que los centros ordinarios no pueden proporcionar: alumnos con trastornos del desarrollo intelectual y plurideficiencia, con discapacidad intelectual severa o con trastornos de personalidad vinculados a autismo o psicosis.
La acción formativa de los CEE se dirige a procurar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno y potenciar al máximo sus posibilidades de desarrollo integral, y a lograr la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo que le preparen para la participación activa y responsable en la sociedad, con el mayor nivel de autonomía e independencia posible. Se pretende mejorar su calidad de vida, su salud y bienestar, y la adquisición de saberes que posibiliten su participación en diferentes entornos y la inclusión social.
Para satisfacer las NEE de sus alumnos y alcanzar estos propósitos, los CEE cuentan con recursos específicos, tanto personales como materiales o técnicos, y una organización temporal y espacial muy diferente a la de los centros ordinarios.
Las personas con discapacidad presentan aptitudes y necesidades muy distintas. Y la inclusión educativa pasa, inevitablemente, por contemplar cada situación y alumno de forma particular, como sucede en la educación especial en nuestra comunidad, nuestro país y nuestro entorno. El derecho a no ser discriminado no supone ser tratado del mismo modo que los demás, sino como cada uno necesita. Algunos alumnos se adaptan bien a la escuela ordinaria, pero otros requieren una educación individualizada que solo la educación especial ofrece.
El cierre de los centros de educación especial negaría a sus alumnos los medios especializados que su educación exige. Su traslado a centros ordinarios, la falta de adaptación de sus currículos y su mayor dificultad para afrontar cambios de entorno podrían afectar a su autoestima e impedir su integración.
Ambas vías, la ordinaria y la especial, son necesarias y complementarias. Si se busca la inclusión real en la sociedad de las personas con discapacidad, habrá que aceptar la existencia de una educación específica y especializada como elemento compensador de las desigualdades derivadas de la discapacidad. Lo contrario sería discriminatorio y conduciría a la segregación que se pretende evitar.
ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública
25 de febrero de 2019