Ante el inicio de la legislatura y el inminente trámite parlamentario de la reforma educativa, existe una preocupación del profesorado de Religión por el devenir de la asignatura y de la situación del colectivo.
Desde ANPE, hemos solicitado una reunión con todos los grupos parlamentarios de ámbito estatal, para hacerles llegar nuestras reivindicaciones ante la futura reforma educativa y, en ese contexto, abordar también la situación de la asignatura de Religión y su profesorado.
El 28 de enero, ANPE ha mantenido un primer contacto con el Grupo Parlamentario Socialista y, en los próximos días, nos reuniremos con otros grupos parlamentarios.
Según nos han manifestado desde el Grupo del PSOE en el Congreso, el texto que se va a someter a su posible aprobación es el mismo documento que, en febrero de 2019, aprobó el Consejo de Ministros. A este respecto, ya conocemos el tratamiento que se pretende dar a la asignatura y que ese texto recogía: la asignatura de Religión será de oferta obligada en todos los centros y de elección voluntaria para las familias; no habrá asignatura alternativa y no será computable.
ANPE ha manifestado su oposición a que no haya asignatura alternativa, y a que no sea evaluable e incluso computable de modo ponderado a su peso horario curricular.
Por otra parte, frente a cualquier otra deriva surgida en el trámite parlamentario, que pudiera lesionar el derecho de las familias a elegir la enseñanza de la Religión, según el derecho constitucional recogido en el artículo 27.3, hemos de recordar que, en desarrollo de este precepto, se firmó el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en el que se garantizaba que “la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar”. Posteriormente, una vez aprobada la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, el 28 de abril de 1992 se firmaron distintos acuerdos de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas y la Federación de Comunidades Israelitas. Todos estos acuerdos tienen como fin asegurar que se respete el citado derecho constitucional de los alumnos y alumnas a recibir, en el ámbito educativo público, la enseñanza religiosa acorde con su confesión.
Este marco jurídico vigente, completado por una reiterada jurisprudencia a propósito de la vigencia de la asignatura y los derechos laborales del profesorado de Religión, será la mejor garantía de la defensa de la asignatura y su profesorado.
Estos son unos planteamientos básicos que defenderemos ante cualquier cambio legislativo que se pueda plantear a nivel estatal y ante el propio Ministerio de Educación. Naturalmente, estas propuestas y reivindicaciones se complementan con todas aquellas medidas que ANPE viene defendiendo en los distintos ámbitos autonómicos y que son competencia de las Consejerías de Educación, tales como la carga horaria; funciones a desempeñar; derecho a la movilidad y al acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad; valoración de la experiencia docente en los distintos procedimientos selectivos, etc.
ANPE trasladará todas estas propuestas y reivindicaciones básicas al resto de grupos parlamentarios y en los distintos foros y ámbitos de representatividad, para que el texto definitivo y su desarrollo reglamentario mejoren el tratamiento de la asignatura y el de las condiciones laborales y profesionales de su profesorado.
ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública
29 de enero de 2020